El Gobierno de Ecuador recibirá en los próximos días un reglamento que regulará la circulación de motos eléctricas y scooters en el país. Actualmente, estos vehículos son adquiridos legalmente como juguetes debido a la falta de una normativa especifica.
Así lo informó Martín Saquicela, jefe del departamento legal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), quien explicó que el reglamento incluirá la creación de un tipo de licencia que deberán obtener los conductores de estos vehículos.
Además, los vehículos deberán ser matriculados ante las entidades de control municipales.
En Ecuador, las motos eléctricas se han convertido en una opción popular de transporte, aunque su uso ha generado preocupaciones debido a la falta de regulación.
En ciudades como Guayaquil, estos vehículos circulan por avenidas de alto flujo, como la avenida Narcisa de Jesús, y por las calles céntricas de la ciudad. Los conductores, tanto solitarios como acompañados, han sido observados conduciendo en contravía o por las veredas, lo que ha motivado medidas en algunas ciudades.
Por ejemplo, el Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas prohibió desde septiembre la circulación de motos eléctricas hasta que se establezca un marco legal para su control.
En Cuenca, las motos eléctricas también son visibles en el centro histórico, a pesar de las calles estrechas. En Quito, la Agencia Municipal de Tránsito (AMT) estima que alrededor de cuatro mil motos eléctricas circulan por la capital.
Según datos del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), en 2023 se importaron al país 80,469 motos eléctricas. Este año, hasta el 19 de noviembre, la cifra asciende a 54,399 unidades.
A pesar de no requerir licencias ni matriculas, las motos eléctricas han estado involucradas en incidentes.
Según la CTE, en lo que va del año se han registrado seis accidentes en los que una persona falleció y otras nueve resultaron heridas.
El reglamento, que se publicará en los próximos días, será socializado por un periodo de 180 días antes de que comiencen las sanciones para quienes no cumplan con la nueva normativa.
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